Por: Rolando J. Vivas

El gobierno se sintió tan confiado de su informante que incluso comenzó a perseguir opositores. El más conocido que había incluso iniciado una campaña usando las mismas técnicas que el hoy presidente cuando era candidato, tuvo que huir, una segunda acusación en su contra fue presentada por el gobierno. La misma estrategia usada más de tres años durante la campaña presidencial. Acusaciones sin fundamento, acusaciones arrebatadas que no terminaban en nada, pero que sin duda dañaba la imagen del candidato del Partido Acción Nacional. La segunda acusación lo hizo dejar el país. El testigo clave era Emilio Lozoya, funcionario de primer nivel de la administración anterior, traído desde España con una acusación por corrupción y que prometía ser el instrumento para destacar una gran trama de corrupción. Lozoya en ningún momento pisó la prisión, aunque se decía que estaba bajo arresto domiciliario. Hasta que hace unas semanas fue visto en un elegante restaurante de la Ciudad de México. Entonces la imagen de combate a la corrupción, principal bandera del hoy presidente,  se vino totalmente abajo.

¿Cómo dar un discurso ante la ONU sobre la importancia del combate a la corrupción, cuando uno de los principales protagonistas durante el sexenio pasado, se pasea libremente por las calles de la capital? Obviamente que que presidente no pudo tolerar tal indiscreción y Emilio Lozoya finalmente entró a prisión. Dudo que Lozoya pase mucho tiempo ahí, o que no conserve muchos de sus privilegios. Su ingreso a prisión obedece más a una fuerte llamada de atención para que sea más discreto y no ponga en vergüenza al gobierno del presidente. Menos que afecte su bandera de lucha contra la corrupción. Seguramente con la proximidad de la votación a la iniciativa de la Contra Reforma Energética, Lozoya se sintió indispensable. El presidente ya había acusado a Ricardo Anaya de recibir dinero de Lozoya para votar a favor  de la Reforma Energética del ex presidente Peña. El presidente también había amenazado a diputados y senadores de exhibirlos si votaban en contra de su iniciativa. Un obvio chantaje que opina a Lozoya como protagonista de una jugada muy sucio. Lozoya se sintió con tanto poder al grado que desafió al presidente al romper su confinamiento y ésto le costó perder su libertad.

Pero el encarcelamiento de Emilio Lozoya implica un desacuerdo entre el ex funcionario y el gobierno. La cooperación entre ambos países amenazar y chantajear opositores se ha visto interrumpida y obviamente, la iniciativa del presidente se ha visto comprometida. Sin su instrumento favorito de chantaje se ve complicado poder amenazar a los opositores para ni votar votar contra de la iniciativa. Así se tambalea el poder absoluto del partido oficialista y vemos como se busca aplazar la votación para el próximo año. La fuerza del presidente en las cámaras se ha reducido y el impulso que le pudo dar Lozoya ha quedado en pausa por el momento. Si a ésto le sumamos la incomodidad que la iniciativa a empezado a causar causar las cámaras en los EEUU por las posibles faltas al T MEC, empieza a parecer que la iniciativa del presidente no podrá ser aprobada tan fácilmente y que requerirá tiempo y una nueva estrategia por parte de quienes buscan que se apruebe.

En un par de días han sido un par de golpes muy duros a la voluntad del presidente y hacia su iniciativa que al día de hoy intentaba operar en varios sentidos. Por un lado apuntalar y concentrar el poder energético en el país. La posibilidad de controlar por completo la movilidad en México. Por otro fortalecer una red clientelar formada por los trabajadores de la CFE que sería útil en el 2024. Por último, romper la alianza de partidos como el PRI y el PAN para así dividir a los opositores. No por nada el presidente apostó mucho por ésta iniciativa y la impulsó de forma descarada. Una iniciativa que ponía mucho poder en manos de un sólo hombre con un pasado muy cuestionable, Manuel Bartlett. El centro de la contra reforma y que de aprobarse se convertiría en el hombre más fuerte del país, incluso por encima de la Secretaria de Energía, del Director de Pemex y posiblemente también por encima del mismo presidente. Así de arriesgada es la jugada y las consecuencias podrían traer la consolidación de un poder central, ahora si, no muy distante del que existía en el país en los entre los años 60s y 70s bajo la presidencia del PRI.

Lo que tanto se ha denunciando en los últimos años y nos sigue afectando, la falta de apego total al estado de derecho. Desde las consultas a mano alzada, que frenaron la inversión sin pruebas contundentes que avalaron las acusaciones de corrupción, hasta reformas inconstitucionales que empiezan a causar mucha molestia en inversionistas extranjeros que empiezan a retirar capital en tiempo récord y de forma histórica, ¿Cómo confiar en que el gobierno realmente está actuando apegado a la ley cuando trajo a Emilio Lozoya hace 15 meses y no ha logrado fincar legalmente responsabilidades a alguien por temas de corrupción? El teatro se le ha venido abajo a presidente y hoy su único “logro” por decirle de alguna manera es meter a la cárcel a Lozoya luego de la tremenda exhibida que sufrieran por parte de los medios al encontrarle en el restaurante. No hay acusaciones formales, no hay detenidos, el caso Lozoya lejos de beneficiar en éstos momentos al oficialismo lo deja muy mal parado. Reduce la ejecución del estado de derecho de la actual administración a meros caprichos.

Se pone de manifiesto la incapacidad de muchos de ver la realidad o de admitir que el país va por mal camino. Más palpable que nunca al ver a muchos incondicionales del presidente argumentando que las imágenes de Emilio Lozoya en el restaurante no eran recientes y que eran de años atrás (los mismos y los únicos que ahora aplauden enardecidamente el encarcelamiento de Lozoya). Así de miserable resultó la experiencia y de lamentablemente constatar que muchos no sólo están dispuestos a callar, sino también de mentir para huir de la responsabilidad de admitir que el gobierno actual ha fallado en su gestión. Que sus promesas de progreso no se han cumplido y que cada mañana el presidente se presenta ante su público para mentir una y otra vez. Para imponer su agenda a gusto y eludir la realidad. El presidente puede ser un mentiroso, pero lo peor es que hay muchos que ha sabiendas de ésto, deciden voluntariamente creer las mentiras y hasta defenderlas a capa y espada. Nunca antes nos había faltado tanta generosidad para admitir los errores. Los valientes admiten que se han equivocado. Los cobardes lo ocultan a toda costa.

A tres años del inicio de las gestiones del presidente, hemos visto que la corrupción no ha disminuido, que la violencia no se ha terminado, que la incompetencia en el gobierno existe de forma rampante, que el estado de derecho se encuentra más frágil que nunca y que la transparencia de la que tanto se habló no existe. El combate a la corrupción, la mayor bandera del presidente, durante los 18 años en que fue candidato, hoy queda demostrado que fue una farsa y queda el caso Lozoya como el principal ejemplo. La corrupción sigue cercana al presidente, las acusaciones no pasan de chismes de barrio y no hay nadie en la cárcel por temas de corrupción. Si traer a Lozoya a México tenía algún objetivo, era la de chantajear a los opositores al régimen oficialista y hoy más que nunca parece que lo que ha obtenido al presidente en ese menester  es absolutamente nada. Un fracaso más y su iniciativa de contra reforma eléctrica, con Lozoya en la cárcel y con la incomodidad manifestada por los EEUU, pierde fuerza más que nunca. El fin de año tiene cara de fracaso para el oficialismo. Y todavía hay quien dicen “pónganse a temblar corruptos” sólo porqué Lozoya acaba de pisar una prisión. ¿Y los 15 meses que Lozoya gozó de libertad? ¿Porqué no dijeron nada? ¿Qué dirán más adelante cuándo Lozoya salga de prisión? Póngase a temblar habladores.

Penoso atestiguar el uso que personajes del oficialismo han dado a la justicia. La han utilizado para amenazar y chantajear opositores, para vender una falsa imagen de que se lucha contra la corrupción cuando lo único que se busca es obtener la sumisión de otros para ganar más y más poder. Lamentable que la política política el país siga usando, no el modelo de Sun Tzu o el de Maquiavelo, sino del de Mario Puzo y El Padrino haciendo a otros “ofertas que no pueden resistir” utilizando informantes para extorsionar a quien les convenga. Detestable que la actual administración haga uso de tácticas tan bajas como el tristemente célebre “kompromat” soviético, herramienta no de los justos sino de los más perversos. Es posible que muchos funcionarios de pasadas administraciones hayan actuado mal. Para ellos hay que exigir justicia. Igual de lamentable es que el gobierno actual trate de extorsionarlos y someterlos mediante información comprometedora, en lugar de procesarlos de acuerdo a ese estado de derecho que hoy en día parece más relegado al olvido que nunca. Ya el Índice Global de Estado de Derecho ya nos dio una mirada a la realidad hace unas semanas cuando nos mostró que como país caímos de la posición 117 en el año 2019 a la 135 éste año, lo que nos sitúa entre las naciones más corruptas del mundo, hemos empeorado.

¿De qué puede presumir hoy el presidente “enemigo de la corrupción” cuando durante su gestión hemos presenciado claros casos en los que no se ha hecho lo correcto, la corrupción no termina por decreto, termina cuando se acaba la impunidad y cuando se aplica de forma correcta el estado de derecho. El 80% de los contratos otorgados en la presente administración han sido hechos por adjudicación directa, lo cual habla de la falta de controles y mecanismo para reducir realmente los riesgos de que se comentan actos de corrupción, ahí entran contratos otorgados a familiares de Zoe Robledo, Manuel Bartlett y Rocío Nahle, funcionarios de la actual administración, además incluso, de contratos otorgados a familiares del presidente. Resulta irónico que el ex director del llamado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, renunció a ésta institución luego de denunciar actos de corrupción al interior. También estuvo el señalamiento al ex Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, cuya empresa familiar tuvo y sigue teniendo contratos con el gobierno, las casas e inmuebles no declarados de personajes como el ya mencionado Bartlett, Olga Sánchez Cordero, Julio Scherer  Irma Eréndira Sandoval y también Jiménez Espriú, todos ellos funcionarios del gobierno.

De forma más reciente se ha sabido de la evasión fiscal y uso de paraísos fiscales por parte de funcionarios del actual gobierno, ésto revelado en los llamados Pandora Papers, en dónde aparecen una vez más Bartlett, Scherer y el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Alanis, y uno de los personajes más oscuros de la 4T, Armando Guadiana, senador e integrante de la comisión de Energía en el gobierno, y quien además de señalar que olvidó declarar parte de su patrimonio oculto en éstos paraísos fiscales, también ha olvidado declarar su jugoso contrato como principal proveedor para el abastecimiento de carbón a la CFE, lo que ha ocasionando que se le denomine el Rey del Carbón, título muy poco honroso en éstas épocas en que se sabe que el gobierno poco o nada ha hecho para avanzar en temas de energías limpias y renovables. Al final, se continúa trabajando en generar cada vez más desconfianza en las instituciones, esa es la principal misión del actual gobierno populista, acabar con la confianza de la democracia, las instituciones y el estado de derecho. Se debilita la principal iniciativa del presidente en éstos momentos, y la oposición gana tiempo para buscar explicar de forma más clara y sencilla a la población, la nefasta naturaleza de la contra reforma eléctrica. Hay tiempo. No hay que confiarse.

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